El Ministerio de Salud bonaerense se encuentra en alerta máxima debido al ajuste que Javier Milei aplica a las prestaciones para personas con discapacidades. Esta medida podría dejar a miles sin acceso a servicios esenciales.
En un contexto de ajuste fiscal generalizado, el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei está impulsando una desregulación del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esta decisión podría tener graves consecuencias para los beneficiarios sin recursos económicos, quienes podrían quedar sin acceso a los servicios de salud necesarios. Además, las provincias se verían obligadas a intentar satisfacer esta demanda sin los fondos adecuados.
Las prestaciones básicas para personas con discapacidad en Argentina están reguladas por la Ley 24910, que establece un nomenclador y las prestaciones para cuatro agentes básicos: obras sociales, prepagas, PAMI y el programa Incluir Salud. La Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) es la encargada de definir los aranceles de estos servicios a través de su directorio, que incluye a todos los participantes del sistema. Esta estructura garantiza que los recursos necesarios lleguen a las provincias para cubrir ciertas necesidades a través del programa Incluir Salud.
La administración libertaria de Milei, sin embargo, busca modificar esta ley para permitir que los prestadores determinen de manera independiente los valores arancelarios de las prestaciones. Esta desregulación ha sido rechazada por el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS), que advierte que generaría «un sistema fragmentado y desigual». La falta de una regulación centralizada podría llevar a una disparidad en los servicios ofrecidos y en los costos, afectando especialmente a quienes más lo necesitan.
Según un informe del gobierno bonaerense, hasta abril, la Nación debía 910 millones de pesos correspondientes al programa Incluir Salud. Además, los fondos que sí llegaron quedaron desactualizados. En junio de 2022, el valor de la capita por persona era de 617,27 pesos y desde entonces, el aumento de las prestaciones ha sido del 137,8%. Sin embargo, el total de gastos capitados supera los 2,6 billones de pesos, mientras que solo llegaron unos 288,6 millones de pesos. Esta brecha financiera pone en riesgo a las 232.334 personas afiliadas al programa Incluir Salud, quienes no tienen certezas sobre el futuro de sus prestaciones básicas.
La crisis se extiende a los servicios esenciales como transporte, internación domiciliaria, oxígeno, pañales, diálisis, medicamentos y gastos administrativos. La incertidumbre afecta también a las nuevas altas al sistema, con unas 13.500 solicitudes pendientes sin respuestas. Esta situación crítica refleja la necesidad de una respuesta urgente y efectiva para garantizar que las personas con discapacidad no queden desprotegidas.
