Por segunda vez, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió prorrogar el estado de emergencia en Bahía Blanca y sus alrededores, tras las graves inundaciones que azotaron la región en marzo de este año. La medida, que ahora se extiende por otros 30 días, responde a la situación crítica en la que quedaron sumidos varios municipios y busca sostener la continuidad de las acciones interinstitucionales desplegadas para asistir a la población damnificada. La primera declaración de emergencia se remonta al 8 de marzo, cuando un violento fenómeno climático provocó anegamientos, daños en la infraestructura y el aislamiento de numerosas comunidades.
El decreto original establecía la urgencia de realizar obras y ejecutar acciones tendientes a aliviar las consecuencias del desastre, al tiempo que habilitaba al Ministerio de Gobierno provincial a coordinar proyectos y contratar servicios para abordar las necesidades más urgentes de la población afectada. Tras una primera extensión en abril, la nueva prórroga fue fundamentada en que muchos procedimientos y obras de reparación aún se encuentran en curso, con el agravante de que las intervenciones previas no fueron suficientes para recuperar la normalidad en la región.
El impacto del temporal fue profundo y aún condiciona el día a día de los habitantes: se registraron daños severos en el sistema sanitario, cortes de caminos, interrupciones de vías de comunicación e impactos directos sobre la infraestructura vial, todo lo cual provocó dificultades para acceder a servicios esenciales y generó un fuerte perjuicio en las actividades productivas. En respuesta, el gobierno bonaerense planificó y llevó adelante obras urgentes, entre ellas trabajos hidráulicos, movimiento de suelos, apertura y clausura de caminos rurales, canalizaciones y defensas, para restablecer la conectividad y garantizar la llegada de asistencia a los sectores más afectados.
Esta catástrofe climática no solo exigió respuestas a nivel provincial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometió un crédito de USD 200 millones, además de asistencia técnica no reembolsable, para mitigar los efectos inmediatos de las inundaciones y apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Este apoyo financiero llega en un contexto nacional atravesado por una severa crisis fiscal y bajo la presión de restricciones presupuestarias, lo que aumenta la urgencia de la ayuda internacional para sostener la recuperación de una zona clave para el sur bonaerense.
Las condiciones extraordinarias que llevaron a la declaración y sucesivas prórrogas del estado de emergencia en Bahía Blanca y distritos como Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, demuestran la magnitud de la crisis provocada por el fenómeno meteorológico del 7 de marzo. La supervivencia de gran parte del entramado económico y social de la región depende de que las acciones oficiales —entre obras de emergencia y estrategias de asistencia directa— logren revertir paulatinamente el escenario de vulnerabilidad en el que quedaron miles de bonaerenses.
