El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, decidió apartar de sus funciones a 24 jefes policiales bonaerenses luego de conocerse una denuncia anónima que los vinculaba directamente al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza (LLA). La decisión fue tomada tras la presentación de pruebas que indicaban que estos efectivos policiales no sólo habrían utilizado recursos y dependencias estatales para actividades político-partidarias, sino que también habrían articulado un esquema para intervenir la conducción de la fuerza y favorecer la candidatura de Bondarenko, considerado como un ataque al comando institucional de la policía provincial.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló que Asuntos Internos recibió un informe minucioso en el que se exponía la supuesta confabulación dentro de la fuerza, incluyendo audios, mensajes y documentos que revelaban el plan. Según Alonso, la célula policial planeaba reorganizar la institución y posicionarse en cargos estratégicos, lo que constituiría un intento de «golpe institucional». Los principales implicados habrían operado desde áreas críticas como la Policía Ecológica, cuyas autoridades también fueron desplazadas luego de auditorías a sus equipos informáticos y revisión de documentos, donde se verificó la validez de las denuncias.
El gobernador Kicillof, por su parte, defendió la medida al subrayar que existen leyes y normas que deben ser respetadas por todos los miembros de la fuerza pública. Sostuvo que el problema va mucho más allá de una preferencia política: «No es un problema de ideología ni de que Bondarenko sea candidato de LLA; es una violación a la ley orgánica de la fuerza y un acto de insubordinación», enfatizó Alonso. Con el pedido del correspondiente avance judicial, la Justicia bonaerense ya se encuentra investigando la actuación del grupo separado.
La polémica tomó un cariz eminentemente político ante las declaraciones del propio ministro Alonso, quien recordó que desde la administración de Javier Milei se instalaron discursos sobre la necesidad de intervenir la provincia de Buenos Aires por su problemática de inseguridad. «No nos olvidemos de que el Presidente dijo que había que intervenir la Provincia de Buenos Aires. Si estos policías quieren estar en la política, que pidan licencia, pero no pueden hacer las dos cosas», sentenció Alonso, advirtiendo sobre los riesgos de solapamiento entre política y fuerzas de seguridad.
Este episodio se produce en un contexto de campaña electoral caliente, no sólo por la candidatura de Bondarenko, sino también porque la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se mostró dispuesta a respaldar públicamente a los policías desafectados, en clara contraposición a la decisión del gobierno bonaerense. Mientras tanto, la investigación administrativa y judicial continúa su curso para determinar responsabilidades y eventuales consecuencias penales y disciplinarias para los agentes involucrados.
