La Legislatura bonaerense está considerando una reforma significativa en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires. Se está discutiendo no solo el monto, sino también el método para calcular los valores de este trámite obligatorio para millones de automovilistas en territorio bonaerense. La propuesta, impulsada por varios bloques legislativos, busca establecer un sistema de tarifas escalonadas basado en el tipo y antigüedad del vehículo, con el objetivo de lograr mayor equidad y transparencia en el servicio.
En la actualidad, el valor de la VTV es fijado por el Gobierno provincial y se aplica sin distinción entre autos, motos y vehículos de carga. Esto ha generado críticas de usuarios que consideran injusto pagar lo mismo por vehículos con características tan diferentes. El nuevo proyecto pretende revertir esta situación: se propone que los autos particulares, las motos y los vehículos de gran porte, como camiones y colectivos, tengan tarifas diferenciadas. Además, se propone considerar la antigüedad y el estado del vehículo al establecer el monto a pagar.
La iniciativa surge en un contexto donde el costo de la VTV ha aumentado en los últimos años, impactando directamente en la economía familiar y en el bolsillo de los trabajadores que dependen de sus vehículos para el transporte diario. Los promotores del proyecto sostienen que el sistema actual no reconoce la diversidad del parque automotor bonaerense y creen fundamental introducir criterios de progresividad para evitar que, por ejemplo, una moto de baja cilindrada pague lo mismo que un automóvil familiar de alta gama. En la Legislatura, quienes apoyan la reforma denuncian que el esquema vigente implica un «tarifazo encubierto» que necesita ser corregido.
Según los fundamentos de la propuesta debatida en comisiones, la modificación no solo impactará en los valores a pagar, sino también en la periodicidad y condiciones del trámite. Se plantea la posibilidad de que los vehículos más nuevos realicen la VTV con menor frecuencia que los más antiguos, alineándose con estándares internacionales y favoreciendo una política pública orientada a la seguridad vial y la justicia tarifaria.
Por otro lado, el proyecto impulsa la creación de un órgano independiente que fiscalice tanto las condiciones del proceso de verificación como el cumplimiento de las nuevas escalas tarifarias. Para los autores de la reforma, es un paso necesario para garantizar transparencia y evitar prácticas arbitrarias que perjudiquen a los usuarios. El debate sigue abierto en la Legislatura provincial, con expectativas de que la iniciativa avance y se convierta finalmente en ley, marcando un nuevo paradigma en el control de vehículos en la provincia de Buenos Aires.
