La provincia de Buenos Aires enfrenta uno de los momentos más difíciles para el sector agropecuario en los últimos años. Debido a las intensas lluvias e inundaciones registradas especialmente en el centro y norte bonaerense, el Gobierno provincial ha decidido extender la emergencia agropecuaria en varios municipios con el fin de aliviar a miles de productores afectados por las pérdidas en cultivos y ganado. La medida fue oficializada mediante el Decreto N°2452/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial.
Entre los municipios declarados en emergencia o desastre agropecuario se encuentran Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. Sin embargo, la situación también afecta a distritos como Roque Pérez y General Lamadrid, sumando más de una decena de partidos involucrados en toda la provincia. La prórroga de la emergencia estará vigente hasta febrero de 2026, extendiéndose desde septiembre de 2025. La magnitud de los daños quedó en evidencia gracias a informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, que incluyeron imágenes satelitales, relevamientos de campo y datos meteorológicos.
El impacto de las inundaciones fue significativo en varias regiones, donde las precipitaciones acumuladas superaron con creces el promedio histórico anual. En municipios como Carlos Casares, por ejemplo, se registraron más de 1.000 milímetros de lluvia en menos de ocho meses, provocando el anegamiento de extensas áreas rurales, la pérdida de hectáreas productivas e incluso la muerte de ganado. En 9 de Julio, se estima que más de 200.000 hectáreas están afectadas, lo que representa prácticamente la mitad de la superficie productiva del partido, intensificando el reclamo de los productores por la falta de obras de infraestructura y drenajes adecuados.
La decisión de prorrogar la emergencia agropecuaria implica la disponibilidad de herramientas fiscales y crediticias para los productores. Entre los beneficios confirmados se encuentran exenciones o reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural proporcional al nivel de afectación, facilidades fiscales, créditos blandos y nuevas líneas de financiamiento a través del Banco Provincia. La Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) realizará la validación de los daños y documentará la afectación para que los productores puedan acogerse a la normativa vigente.
Desde la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense han señalado que el fenómeno climático superó ampliamente la capacidad de respuesta de los productores, especialmente de los pequeños y medianos, quienes no pueden sostener la inactividad forzada por períodos prolongados. Ante la falta de respuesta nacional, quienes impulsan estas medidas destacan la necesidad de seguir fortaleciendo los canales de asistencia provincial y municipal, además de planificar obras y acciones a mediano plazo para reducir el impacto de los eventos extremos sobre la economía rural bonaerense.
