Una banda delictiva que se dedicaba a vender falsos bidones de agua “potable” fue desarticulada en las últimas horas tras un operativo policial y judicial en la provincia de Buenos Aires, según el artículo de Infocielo. Los investigadores comprobaron que el grupo reutilizaba envases de marcas reconocidas, los llenaba con agua de procedencia dudosa y los distribuía como si se tratara de productos habilitados y seguros para el consumo humano. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza posibles delitos vinculados a la salud pública, la estafa y el fraude en alimentos, prácticas que ya se han visto en otros casos de comercialización irregular de agua en la región.
De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, la maniobra tenía un esquema tan simple como peligroso: los integrantes de la organización conseguían bidones plásticos usados, muchos de ellos con etiquetas y logos similares a los de empresas formalmente registradas, y los rellenaban en lugares sin condiciones mínimas de higiene ni controles bromatológicos. En ciertos operativos realizados recientemente en plantas clandestinas de envasado de agua en la provincia de Buenos Aires, las autoridades ya habían detectado instalaciones montadas en domicilios particulares, sin habilitaciones, con falta de limpieza y riesgo evidente para quien consumiera esos productos. En este nuevo caso, los envases se ofrecían como agua “potable” y “segura”, aunque la investigación apunta a que se trataba de un líquido sin tratamiento, potencialmente contaminado, y que se comercializaba bajo una apariencia de legalidad.
El negocio ilícito, según reconstruyen los investigadores, se apoyaba en una red de distribución que abastecía comercios de barrio, restaurantes y clientes particulares que buscaban alternativas más económicas al agua envasada formal. La banda aprovechaba la confianza del consumidor en la marca impresa en el bidón y en la figura del repartidor, que se presentaba como proveedor habitual de la zona. Casos similares se han registrado en otros países de la región, donde individuos o grupos han vendido agua de la canilla embotellada como si fuera agua mineral o tratada, provocando incluso cuadros de gastroenterocolitis en los vecinos que la consumían. La hipótesis de los fiscales es que, más allá del engaño económico, la maniobra habría puesto en riesgo directo la salud de la población, al disimular como “de calidad” un producto que no cumplía ningún estándar sanitario.
En los allanamientos, la Policía y la fiscalía secuestraron decenas de bidones plásticos, muchos ya llenos y listos para su reparto, además de tapas genéricas y materiales para falsificar o reutilizar etiquetas. También se incautaron teléfonos celulares y documentación que podría permitir reconstruir la nómina de clientes y el volumen real del negocio. En investigaciones previas sobre envasado clandestino de agua, los jueces han ordenado la clausura de plantas, el decomiso de cientos de bidones y la imputación de los responsables por infringir tanto el Código Alimentario como artículos del Código Penal vinculados a la estafa y a la comercialización de productos peligrosos para la salud. Todo indica que la Justicia avanzará en una línea similar en este caso, con posibles cargos por delitos contra la salud pública y fraude en la cadena de comercialización de alimentos.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de irregularidades vinculadas al agua: desde organizaciones criminales que venden agua robada mediante conexiones clandestinas o manipulación de medidores, hasta empresas que adulteran o envasan sin habilitación, o grupos que especulan con el precio de los bidones en perjuicio del consumidor. En algunos expedientes, las autoridades han detectado la presencia de bacterias como Escherichia coli en el agua vendida, lo que refuerza la preocupación por el impacto sanitario de estas prácticas. La desarticulación de esta banda que ofrecía falsos bidones de agua “potable” reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos, campañas de información al consumidor y coordinación entre organismos sanitarios, fuerzas de seguridad y fiscales para prevenir que un recurso tan básico como el agua se convierta en vehículo de estafas y riesgos para la salud pública.
