Juicio político al fiscal Claudio Scapolan
El jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires dictaminó su inhabilitación permanente para ejercer cargos judiciales.
El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, de 52 años, fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires el lunes pasado, luego de una investigación en la que él y otros treinta policías y abogados fueron acusados de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, extorsión y robo. La Comisión Provincial por la Memoria participó en la causa como veedora y celebró la decisión del jurado. Scapolán también fue inhabilitado permanentemente para ejercer cargos judiciales.
La votación del jurado fue de 9 a 1, y el secretario de enjuiciamiento Ulises Giménez anunció que Scapolán debía dejar de cobrar su sueldo de inmediato. El ex fiscal había seguido recibiendo el 60% de su salario desde su suspensión. Las pruebas presentadas confirmaron la acusación de negligencia e irregularidades graves mientras estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del partido bonaerense de San Isidro.
Scapolán fue acusado de ser parte de una asociación ilícita formada por abogados, miembros de la Policía Bonaerense, informantes y secretarios de la fiscalía que dirigía el ex magistrado. Entre 2013 y 2015, se dedicaron a armar causas, extorsionar y comerciar con estupefacientes. El fiscal general de la ciudad de Pergamino, Mario Gómez, explicó que los delitos por los que Scapolán fue investigado penalmente fueron por intervenir de manera ilegal para garantizar la impunidad de la organización criminal.
Scapolán vulneró el principio de competencia territorial al decidir y ordenar procedimientos en los que él no tenía jurisdicción, según la acusación. Las causas que debían ser tratadas por el fuero federal fueron manejadas por el ex fiscal, y cuando las mismas causas pasaron a la justicia federal, el tiempo transcurrido permitió a los principales responsables de transportar y comercializar estupefacientes eludir la investigación judicial. La sentencia que explica los fundamentos del veredicto será hecha pública después de la notificación a las partes involucradas.
