**Alerta Máxima: La Provincia y la Privatización de AySA**
En medio de intensas discusiones sobre la privatización de empresas públicas en Argentina, la provincia enfrenta una situación crítica con respecto a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La decisión del gobierno de Javier Milei de privatizar AySA ha generado gran preocupación entre los habitantes de la región, quienes ven en esta empresa un servicio esencial para la salud y el bienestar de la comunidad.
AySA proporciona servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires. Con una cobertura de agua potable que alcanza al 85% de la población y de cloacas al 72%, AySA es una de las empresas públicas más importantes en la región metropolitana. Sin embargo, su déficit operativo asciende a $117 mil millones, ubicándola en el cuarto lugar entre las empresas públicas con mayor déficit.
La privatización de AySA no es una decisión arbitraria. El gobierno argentino sigue el ejemplo brasileño, específicamente el modelo de la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que redujo su participación estatal en dos etapas. Este modelo ha sido visto como un éxito en Brasil y ahora se busca replicarlo en Argentina. La intención es que AySA se asemeje a la empresa Aguas Argentinas, que fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem, aunque con una estructura más moderna y eficiente.
La reestructuración interna de AySA ha sido un proceso acelerado desde que asumió Javier Milei. La empresa ha desvinculado a 1.314 trabajadores, lo que representa un costo significativo para el Estado. Además, se ha implementado un plan de retiro voluntario y se han reducido gastos en áreas como la flota de vehículos y la masa salarial, con recortes del 27% y 15%, respectivamente. Todo esto está enmarcado en la estrategia de sanear la empresa antes de privatizarla, una táctica común en procesos de reestructuración de empresas públicas.
La privatización de AySA no solo plantea preocupaciones sobre el servicio público, sino también sobre la participación de los trabajadores. El sindicato ha expresado su voluntad de mantener el 10% de las acciones en manos del personal y su participación en el directorio de la empresa. No obstante, hay inquietud sobre cómo un nuevo propietario privado gestionará el servicio y cómo afectará a los trabajadores y a la comunidad. La decisión de privatizar AySA es un paso importante en la estrategia del gobierno de Javier Milei, pero también genera una gran incertidumbre sobre el futuro de este servicio esencial para la región.
En resumen, la privatización de AySA es un tema complejo que involucra no solo la eficiencia económica, sino también la calidad del servicio público y la participación de los trabajadores. La provincia y la comunidad deben estar atentas a este proceso, asegurando que cualquier cambio en la gestión de AySA no comprometa la calidad del servicio que brinda. La decisión del gobierno es un paso importante hacia la reestructuración de las empresas públicas, pero es crucial garantizar que este proceso se realice con transparencia y consideración por los intereses de todos los involucrados.
