La Cámara Nacional Electoral abrió una investigación clave para el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal deberá definir si la expresidenta puede seguir formando parte del padrón electoral y votar en las próximas elecciones, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa «Vialidad». La situación en torno a su derecho al sufragio, inusual en la historia política argentina, ha reabierto un profundo debate jurídico y político en pleno año electoral.
La decisión de la Cámara surge tras un recurso presentado por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, que objetó la resolución previa de la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto. Borruto había habilitado provisoriamente a la exmandataria a votar, declarando la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que prevén la privación automática del derecho a voto para condenados a penas privativas de libertad. Según la magistrada, estas restricciones violan derechos fundamentales y no superan los estándares de legalidad y proporcionalidad exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal cuestionó el procedimiento y reclamó la revisión de la medida, argumentando que la privación del derecho a votar debe aplicarse conforme a la inhabilitación perpetua impuesta sobre la exmandataria y lo dispuesto en la normativa penal y electoral. De hecho, la ley establece que quienes son condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad quedan excluidos del padrón electoral durante el tiempo que dure la condena. La Cámara Electoral, integrada por Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, decidió darle curso al reclamo y solicitó que se eleve el expediente principal.
El trasfondo de esta decisión tiene fuerte peso institucional. La inclusión de Cristina Kirchner en el padrón fue vista, en parte del arco político y judicial, como una maniobra apresurada, ya que se resolvió en vísperas de la feria judicial y sin mediar un pedido formal, lo que dificultó una revisión inmediata. Analistas señalan que el pronunciamiento sobre su habilitación o exclusión del registro de electores sentará un precedente para otros casos y pondrá el foco sobre el modo en que la legislación argentina resuelve la tensión entre el derecho al voto y las penas accesorias de las condenas por corrupción.
En adelante, la Cámara Nacional Electoral tendrá la decisión final: deberá determinar si la condena firme a Cristina Kirchner implica su exclusión del padrón o si corresponde mantener la doctrina adoptada en el fallo de la jueza Borruto, que prioriza los derechos fundamentales por sobre las penas accesorias de inhabilitación para participar de la vida política. El debate no solo involucra el destino político personal de la exmandataria, sino la vigencia y el alcance del principio de igualdad ante la ley, en un contexto de polarización y escrutinio sobre las instituciones de la República.
