Una violenta revuelta sacudió la madrugada del jueves la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela, una cárcel bonaerense ya conocida por sus problemas de hacinamiento y sobrepoblación. El incidente se desató durante un operativo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para trasladar a una docena de reclusos catalogados como «pesos pesados», quienes ejercen fuerte influencia sobre la vida interna del penal. La resistencia de otros internos, que veían amenazada su estructura interna, se transformó en horas de tensión, destrozos y enfrentamientos.
El operativo comenzó apenas pasada la medianoche del jueves, cuando personal penitenciario intentó cumplir los traslados judiciales. Los internos, principalmente referentes evangelistas, se opusieron y rápidamente la protesta copó varios pabellones. Las autoridades primero intentaron negociar, pero ante la escalada del conflicto debieron intervenir con fuerza: se dispararon más de 500 postas antitumulto, según fuentes del SPB, para recuperar el control de la unidad que alojaba esa noche a casi mil detenidos. Durante la revuelta, los presos destruyeron techos, ventanas, cocinas y hasta prendieron fuego distintos sectores, generando daños estructurales que demandarán semanas de reparación.
Diversos testimonios recabados explican que el motivo original habría sido la oposición al traslado de los denominados cabecillas, pero la tensión fue agravándose y derivó en demandas generalizadas. Al menos cinco agentes penitenciarios quedaron demorados mientras se investiga el accionar policial y la violencia durante el operativo. Fuentes judiciales analizan si la revuelta también podría haber sido una pantalla para un intento de fuga, ya que los detenidos tomaron los techos de la unidad —algunos a 10 metros de altura— y coparon espacios estratégicos.
Durante horas, reinó el caos en el penal. Videos filmados por los propios internos y difundidos en redes sociales muestran corridas, balas de goma y la magnitud de los destrozos en el interior de la cárcel. El saldo incluyó varios lesionados entre los reclusos y el personal penitenciario, aunque no se registraron heridos graves ni fugas. La justicia, por su parte, inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el clima de sobrepoblación y hacinamiento en la Unidad 32 sigue siendo un problema estructural: informes recientes advierten que hay pabellones con hasta el doble de internos de su capacidad y graves falencias de infraestructura básica como agua y servicios sanitarios.
Este nuevo episodio reaviva el reclamo de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones de detención en Florencio Varela. El Tribunal en lo Criminal N°5 de Quilmes había ordenado recientemente la prohibición de ingreso de nuevos internos a sectores particularmente vulnerables, reconociendo la superpoblación y la violación de derechos elementales. La revuelta refleja no solo el rechazo a decisiones judiciales concretas, como los traslados de líderes internos, sino también la tensión cotidiana de un sistema penitenciario que no logra garantizar estándares mínimos de dignidad para sus detenidos. El caso sigue bajo investigación y pone sobre la mesa, una vez más, la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema carcelario bonaerense.
