Además de la reforma laboral, el Congreso de la Nación tuvo en el temario a la Ley de Glaciares durante este periodo de sesiones extraordinarias. El proyecto que pretende modificar la norma se va a tratar este jueves en el Senado, pero organizaciones ambientalistas intentan frenarlo. Ya hubo protestas, detenidos y represión.
Esta mañana un grupo de ambientalistas pertenecientes a Greenpeace realizó una manifestación en las escalinatas del ingreso principal del Palacio Legislativo. Vestidos como legisladores, se sentaron en inodoros de plástico para pedirle a los senadores que “no se caguen en el agua”. “La Ley de Glaciares no se toca”, consignaron los activistas que terminaron expulsados por personal de seguridad y luego detenidos por la Policía.
“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina”, expresó Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
El proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley N° 26.639 se va a tratar en sesión pública especial este jueves a partir de las 11 de la mañana. De aprobarse debería pasar por la Cámara de Diputados de la Nación antes de convertirse en ley.
La polémica reforma de la Ley de Glaciares
Días atrás casi 30 organizaciones ambientalistas del país firmaron una carta abierta para pedirle al Congreso que no apruebe los cambios a la Ley de Glaciares que está impulsando el Gobierno Nacional. “Avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión”, argumentaron.
Se trata de una norma sancionada en 2010 que protege a los glaciares considerándolos reservas estratégicas de agua dulce. La ley actual prohíbe actividades extractivas en los glaciares y establece presupuestos mínimos para su conservación.
Según la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, el proyecto libertario quiere que el inventario nacional de glaciares “deje de tener carácter vinculante”. Esto implicaría que la Nación deje de definir cuáles son las áreas protegidas y le abriría la puerta a actividades mineras, obras industriales, entre otras cosas que actualmente no se pueden hacer.
“Queda todo librado a definiciones provinciales aisladas y muchas veces condicionadas por presiones económicas”, advirtió la ministra provincial. “Lo que hoy se discute en el Senado no es un detalle técnico, sino la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias“, agregó Salas, el referente de Greenpeace.
Las provincias rechazan los cambios
Antes de la discusión parlamentaria, el Gobierno Nacional buscó el apoyo del consejo federal de Medio Ambiente (COFEMA) para modificar la ley en cuestión. Sin embargo, entre votos negativos, abstenciones y ausencias la administración libertaria no obtuvo el respaldo que buscaba y se fue con las manos vacías.
La provincia de Buenos Aires fue una de las impulsoras del rechazo y, junto con otras jurisdicciones, pidió que se convoque a organizaciones ambientales y científicas para ampliar la discusión. La representación bonaerense la encabezó Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental, quien explicó que “este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala”.
