La provincia de Buenos Aires se enfrenta nuevamente a un escenario complejo tras la oficialización de la emergencia agropecuaria para doce partidos bonaerenses, una medida impulsada para mitigar los graves daños ocasionados por recientes inundaciones. La declaración, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1305/2025 del Ministerio de Economía, abarca los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
Esta decisión tiene como telón de fondo una serie de fenómenos meteorológicos que azotaron estos distritos rurales entre marzo y agosto de este año, generando importantes pérdidas en la producción primaria y afectando cultivos, ganado y la infraestructura de explotaciones agropecuarias. En este contexto, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios fue clave para evaluar el daño y recomendar la extensión del beneficio con el objetivo de brindar alivio fiscal y financiero a los productores perjudicados.
La emergencia se enmarca en la Ley 26.509, que prevé la instrumentación de políticas de acompañamiento como la prórroga o exención del pago de impuestos nacionales y el acceso a líneas de créditos blandos, permitiendo a los productores rurales encarar la recuperación de sus actividades sin la presión inmediata de las obligaciones impositivas. Si bien la asistencia está destinada principalmente a quienes han sufrido afectaciones directas, la preocupación en el sector es que la respuesta estatal llegue a tiempo, dado que experiencias anteriores muestran demoras en la implementación de estos mecanismos.
Productores consultados en distintos partidos reconocen el alivio temporal que representa la declaración de emergencia, pero advierten que muchas veces resulta insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas. “Para muchos pequeños productores, la asistencia llega tarde y no alcanza para cubrir la totalidad de los daños, lo que pone en jaque a cientos de familias rurales y la continuidad de sus explotaciones”, comentaron referentes agrarios locales, sumando la advertencia de que quedan a la espera de soluciones más estructurales.
Cabe destacar que la situación en Buenos Aires se replica en otras provincias, como San Juan, donde los daños estuvieron vinculados a eventos de granizo y enfermedades específicas en cultivos frutihortícolas. La emergencia agropecuaria, entonces, surge una vez más como la herramienta de respuesta institucional frente a la crisis periódica del campo argentino, poniendo en agenda la necesidad de políticas de prevención y gestión de riesgos que contemplen tanto la variabilidad climática como la vulnerabilidad de las economías regionales.
