A partir de noviembre, los servicios públicos de la Argentina se encarecen una vez más, con subas confirmadas tanto en la luz como en el gas natural. El gobierno de Javier Milei dispuso un incremento promedio del 3,8% para ambos servicios, que impactará en las facturas de millones de hogares a partir del primer día del mes. La medida, comunicada a través de resoluciones oficiales, responde al esquema de actualización mensual que se viene implementando desde la asunción de la actual administración, con el objetivo declarado de «mantener la sustentabilidad del sistema energético» y reducir gradualmente los subsidios estatales.
Este nuevo aumento se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, estimada en torno al 2,5% por consultoras privadas, y también de los acuerdos salariales cerrados en la mayoría de las paritarias, que marchan detrás del índice de precios al consumidor. De esta forma, la brecha entre el ajuste de tarifas y la evolución de los salarios sigue ampliándose, en un contexto donde el poder adquisitivo atraviesa mínimos históricos y el consumo de los hogares permanece en retroceso.
En cuanto a los detalles operativos, desde la Secretaría de Energía se explicó que «el nuevo tarifario de la electricidad será similar al anunciado para el gas», con los datos finales para el sector eléctrico a publicarse el lunes siguiente. Para el caso del gas, la variación se aplicará a nivel nacional, mientras que para la luz impactará esencialmente en los usuarios residenciales bonaerenses y aquellos abarcados por el sistema regulado.
Paralelamente, sigue vigente la segmentación de subsidios a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Así, los usuarios de mayores ingresos siguen pagando la tarifa plena, mientras que los sectores medios y bajos retienen subsidios parciales, aunque estos beneficios se achican mes a mes frente al avance del esquema de recomposición tarifaria. Especialistas advierten que la presión sobre los sectores más vulnerables se profundiza, con el riesgo de aumentar los niveles de morosidad y exclusión energética.
Pero el golpe al bolsillo no se agota en los servicios energéticos: además de la luz y el gas, noviembre trae subas en combustibles, alquileres, transporte y prepagas. El antecedente inmediato marca que, solo desde diciembre de 2023, los servicios públicos ya acumulan incrementos superiores al 500%, muy por encima de la inflación del período y acentuando la fragilidad social en un contexto recesivo. Familias y comerciantes deberán, una vez más, ajustar sus presupuestos para afrontar un fin de año signado por la persistente suba de los costos esenciales.
