Las universidades nacionales vuelven a estar en el centro de la escena política argentina, tras el vencimiento del plazo legal para la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. A pesar de que el Congreso sancionó la norma con una contundente mayoría y tras haber superado el veto presidencial, el Gobierno nacional liderado por Javier Milei demoró su publicación en el Boletín Oficial, lo que provocó la inmediata reacción de las casas de altos estudios y sindicatos docentes.
Ante esta dilación, las autoridades universitarias y las federaciones sindicales, como CONADU y CONADU Histórica, convocaron a un paro nacional y a diversas jornadas de protesta en todo el país. La jornada de lucha incluyó no solo la suspensión total de actividades en las universidades públicas los días 21 y 22 de octubre, sino también acciones de visibilización y campañas en redes sociales en defensa de la educación superior pública. La principal exigencia es clara: la aplicación inmediata y sin dilaciones de una ley que garantiza fondos para el funcionamiento de las universidades, recursos para becas estudiantiles y la actualización salarial mediante paritarias o con mecanismos de ajuste por inflación.
El conflicto se intensificó con la presentación de cartas documento y denuncias formales contra la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y el director del Boletín Oficial, reclamando la publicación de la ley bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por incumplimiento de deberes de funcionario público. Legisladores opositores como Esteban Paulón advirtieron que la demora no solo afecta la planificación financiera de las universidades, sino también la recomposición salarial esperada por el sector.
La reacción del sistema universitario y la comunidad educativa no es aislada. Durante el último año, el Congreso y la sociedad argentina manifestaron de manera reiterada su respaldo a la educación pública, con multitudinarias movilizaciones y fuertes consensos parlamentarios. Este conflicto vuelve a poner en primer plano el debate sobre el financiamiento y el papel del Estado en la educación superior, donde sindicatos y rectores sostienen que la omisión o el retraso del Poder Ejecutivo es visto como un desconocimiento de la división de poderes y de la voluntad popular expresada en el Poder Legislativo.
Finalmente, tras días de tensión y paro en todo el sistema universitario nacional, el Gobierno promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial. Desde ese momento, el Ejecutivo quedó obligado a asignar y actualizar las partidas presupuestarias para garantizar el normal funcionamiento de las universidades, mejorar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, e incrementar los recursos destinados a becas, infraestructura, tecnología e investigación. Sin embargo, la situación deja al descubierto la delicada relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario argentino, marcada por la disputa política y las demandas de financiamiento en un contexto de crisis económica y social persistente.
