El gobierno nacional ha dado un paso decisivo en su política de reforma estructural del sector energético al avanzar con la privatización de cuatro represas clave para el sistema hidroeléctrico argentino: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la estratégica región del Comahue. El proceso responde a los lineamientos de los decretos 286/2025 y 590/2025, que contemplan la transferencia definitiva de estas centrales, hasta ahora gestionadas por ENARSA y Nucleoeléctrica, hacia operadores privados bajo una estructura de concesión nacional e internacional.
La decisión oficial, formalizada mediante la Resolución 1569/2025 publicada en el Boletín Oficial, introduce aclaraciones y ajustes técnicos a los pliegos licitatorios a partir de las consultas realizadas por potenciales oferentes. El nuevo esquema de privatización establece que el Estado venderá el cien por ciento de las acciones de las sociedades recientemente constituidas para administrar las represas, adjudicando la operación a quienes presenten la mejor oferta, sin un precio base prefijado. El concurso tendrá alcance tanto nacional como internacional y se realizará en varias etapas.
El Gobierno justifica la medida señalando la necesidad de reducir la intervención estatal directa, promover mayor eficiencia operativa y atraer inversiones para la modernización de infraestructuras vitales. El objetivo también es generar recursos frescos para el Tesoro: el Ministerio de Economía ha proyectado ingresos de al menos 500 millones de dólares, aunque voces del sector indican que el monto final podría alcanzar los 700 u 800 millones, dependiendo del resultado del proceso y de la cotización de los activos energéticos. Estas centrales concentran cerca del 14% de la capacidad de generación eléctrica del país, y la operación reviste especial sensibilidad en el contexto de tensiones financieras y de cara a próximos procesos electorales.
No obstante, el avance privatizador ha reavivado el histórico reclamo provincial. Tanto Neuquén como Río Negro, titulares originarios de los recursos hídricos, persiguen una mayor participación en la gestión y en la renta derivada de la explotación hidroeléctrica. Ante esos pedidos, el nuevo esquema incorpora –por primera vez– un canon específico por el uso del recurso hídrico y un fondo específico para obras de seguridad y protección hídrica, administrado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Además, se elevan las regalías y se garantiza que parte de los ingresos pueda cobrarse en especie para consumo o reventa en las provincias.
Pero la privatización total de estos activos no está exenta de críticas y advertencias: expertos y sectores académicos advierten sobre el riesgo de que la delegación del control operativo a empresas privadas, en ausencia de regulaciones claras, derive en una pérdida de capacidad estatal para garantizar el acceso y la estabilidad del suministro eléctrico, además de dificultar el control sobre recursos estratégicos que pertenecen al dominio provincial pero cuya concesión depende de la Nación. En este contexto, el proceso licitatorio aparece como uno de los hitos más relevantes y controversiales del calendario económico y político del 2025, por su impacto en la seguridad energética, el equilibrio federal y la gestión de los recursos públicos.
