El juez federal Ernesto Kreplak tomó una decisión de alto impacto en la investigación por las muertes relacionadas con fentanilo contaminado: revocó la condición de querellante del Ministerio de Salud de la Nación, bajo sospecha de que el propio organismo podría tener algún grado de responsabilidad en lo ocurrido. El magistrado señaló que existen “intereses encontrados” y que ya hay elementos suficientes para que la investigación avance sobre posibles omisiones o connivencias de los entes encargados de controlar la fabricación y distribución de medicamentos y sustancias reguladas.
La revocación del rol del Ministerio implica un cambio profundo en la dinámica judicial. Hasta ahora, la cartera de salud podía participar activamente en la causa, accediendo al expediente y proponiendo acciones o medidas útiles para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, a partir de la resolución de Kreplak, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, deja de actuar como parte acusadora y podría quedar bajo la lupa como posible responsable administrativo por falencias en el sistema de control estatal.
La investigación cobra especial relevancia porque las muertes se produjeron en distintos hospitales y clínicas del país, con un total de 96 víctimas fatales atribuidas al fentanilo contaminado. El foco judicial no solo está puesto en el laboratorio HLB Pharma y su dueño Andrés García Furfaro, junto a familiares y directivos, sino también en los mecanismos de fiscalización estatal. En las últimas horas, Kreplak inició la etapa de indagatorias a los detenidos, haciendo especial énfasis en descifrar si hubo desvío en la calidad o cantidad del producto, y analizando la posible negligencia o complicidad de autoridades regulatorias.
El juez fue claro al justificar su decisión: “La información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”. Además, remarcó que el interés general por la salud pública, invocado por el Ministerio como motivo para intervenir, no resulta suficiente para sostener su rol en la causa, especialmente cuando ya actúan otros organismos públicos y la fiscalía como acusadores.
Esta determinación judicial agrega tensión al vínculo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, sobre todo luego de que el Presidente Javier Milei cuestionara públicamente el rumbo de la investigación y recibiera una advertencia por parte de Kreplak sobre la “obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. El giro en el expediente no solo expone los problemas en los sistemas de control de medicamentos en Argentina, sino que también instala en agenda el debate sobre la transparencia y la responsabilidad estatal ante tragedias de consecuencias masivas.
