El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un pilar fundamental para el desarrollo y control de la calidad industrial en Argentina desde hace casi siete décadas, enfrenta hoy una amenaza sin precedentes con la inminente aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que podría significar su desmantelamiento. Este organismo, que opera de manera descentralizada y autárquica, está en riesgo de perder ambas características, pasando a depender directamente del Ministerio de Economía y perdiendo la capacidad de autogestión financiera y técnica que lo hizo referente en certificación, innovación tecnológica y asistencia a pequeñas y medianas empresas (pymes) en todo el país.
El proyecto promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, conocido por su polémica gestión y cuestionamientos legales, plantea drásticos recortes de personal —estimados en un 30% de la planta, es decir, cerca de 700 trabajadores— y la eliminación de la autarquía que permitió al INTI generar alrededor del 35% de su propio presupuesto a través de la prestación de servicios a empresas nacionales e internacionales. De avanzar esta medida, no solo se vería afectado el funcionamiento del instituto, sino también la capacidad de garantizar la calidad y seguridad de productos tan esenciales como alimentos, combustibles, productos médicos y textiles consumidos a diario por la población argentina.
La reacción de los trabajadores no se hizo esperar: desde días antes de la posible publicación oficial del DNU, realizaron movilizaciones, cortes de calles como la autopista General Paz, y ruidazos para visibilizar su rechazo y advertir sobre las consecuencias negativas para la industria nacional y la sociedad en general. Los empleados denuncian que la eliminación de la autonomía del INTI convertirá al organismo en una mera dependencia administrativa, dejando al país sin una entidad técnica que garantice la competitividad y la soberanía productiva, con el riesgo añadido de cientos de despidos y pérdida de capacidades estratégicas vitales para el desarrollo industrial argentino.
Además de la conflictividad interna, este proceso forma parte de un contexto más amplio de reestructuraciones y cierres de organismos públicos impulsados por el Poder Ejecutivo, que incluyen a entidades como la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se argumenta desde el gobierno que estas medidas buscan optimizar gastos y generar ahorros millonarios, aunque para los sectores productivos y gremiales representa un golpe severo a la infraestructura técnica del Estado para apoyar a la industria nacional.
El desafío que enfrenta el INTI todavía tiene un camino abierto en lo político y judicial, ya que tanto los trabajadores como diversas voces del mundo científico y productivo ya anticipan una batalla para frenar la implementación de estas medidas. Denuncian que las facultades delegadas otorgadas al presidente y la aprobación de una ley ómnibus llamada «Bases» facilitaron este tipo de reformas que, para sus detractores, ponen en riesgo la calidad industrial, el empleo y la soberanía técnica del país. En este escenario, el futuro del INTI se ha convertido en símbolo de la defensa del desarrollo tecnológico y productivo argentino frente a un modelo de ajuste que pone en jaque su permanencia.
