En plena crisis económica, la Provincia de Buenos Aires reacomoda su política para jóvenes: del Parlamento Juvenil al foco en protección infantil.
Buenos Aires, en medio de la tormenta económica que azota al país, la gestión provincial liderada por Axel Kicillof anuncia un giro en sus políticas para la juventud. Lejos de los espacios de debate y participación como el histórico Parlamento Juvenil Bonaerense, ahora el énfasis recae en el Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, una iniciativa nacional que busca fortalecer los organismos provinciales ante la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Este reacomodamiento llega en un contexto de recortes drásticos en programas sociales para jóvenes, donde de cada diez pesos destinados a becas como Progresar o cooperativas de Potenciar Trabajo, cuatro han sido podados.
El Programa Federal, creado por resolución nacional en 2025, propone una estrategia integral para proteger el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia a través de la coordinación entre Nación, provincias y municipios. En Buenos Aires, esto implica la adhesión expresa al esquema, con la elaboración de un Plan de Acción Provincial que priorice la restitución de derechos en áreas críticas como cuidado alternativo, prevención de riesgos y entornos familiares seguros. Se trata de un modelo descentralizado que respeta la autonomía constitucional de las provincias, pero condicionado a metas medibles: el financiamiento se libera solo al verificar el cumplimiento de hitos, bajo una «teoría del cambio» que va desde fortalecer capacidades institucionales hasta reducir institucionalizaciones innecesarias.
Mientras tanto, programas emblemáticos como el Parlamento Juvenil del Mercosur o el bonaerense, que por años convocaron a miles de estudiantes para debatir inclusión educativa, género, trabajo juvenil y participación ciudadana, parecen quedar en segundo plano. En Argentina, estos espacios generaban documentos provinciales y nacionales con propuestas concretas, financiando incluso proyectos socioeducativos y mesas de gestión juvenil. Pero con la crisis, el gasto social no contributivo se redirige: la porción para jóvenes y adultos cayó del 28% al 20% entre 2023 y 2024, priorizando niños (del 17% al 22%) y adultos mayores (del 55% al 58%). ¿Es este un ajuste pragmático o un abandono de la voz joven?
La nueva hoja de ruta federal exige estándares comunes en intervenciones sensibles, como la gestión del cuidado alternativo, promoviendo monitoreo y evaluación para equidad en todo el territorio. En Neuquén, por ejemplo, jóvenes ya planifican iniciativas comunitarias en ciclos formativos, mostrando que la participación no muere, pero en Buenos Aires el reacomodamiento parece priorizar lo urgente sobre lo participativo. Críticos advierten que, sin espacios como el Parlamento, se pierde el protagonismo democrático de los jóvenes, justo cuando la crisis los golpea más fuerte con desempleo y deserción escolar.
Este viraje provincial refleja la tensión entre emergencia y futuro: ¿fortalecer la protección infantil a costa de recortar lo juvenil? La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia lidera con convenios por provincia, pero el éxito dependerá de si Buenos Aires logra equilibrar autonomía con resultados concretos. En un país donde la niñez vulnerable clama respuestas oportunas, este reacomodamiento podría ser un paso adelante, siempre que no deje a los jóvenes en el olvido. La pelota está en la cancha de Kicillof: ¿volverá el debate juvenil o la crisis lo redefine todo?
