El Ministerio de Desarrollo Agrario extiende una vez más la espera por la regulación del uso de agroquímicos en la provincia
En una nueva instancia que añade incertidumbre al ya prolongado proceso, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires ha anunciado una extensión de 60 días en la postergación de la regulación del uso de agroquímicos. Esta decisión, tomada a través de la Resolución 490/23, pone de manifiesto un tema pendiente desde 2018 y suscita un continuo debate en la comunidad agraria.
En 1988, la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 10.699 para regular el uso de fitosanitarios en la producción agrícola. Sin embargo, gran parte de su contenido quedó a la espera de reglamentaciones posteriores. En 2018, se emitió la Resolución 246, que tenía como fecha de implementación el 1 de enero de 2019. Esta legislación, que buscaba restringir el uso de agroquímicos en áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas, cursos de agua y otros lugares sensibles, ha sido aplazada repetidamente, sin entrar en vigencia hasta la fecha.
La nueva prórroga hasta diciembre de 2023 se justifica en la «necesidad de extender el plazo» para dar continuidad al proceso de implementación de las herramientas desarrolladas a través del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), un organismo creado en 2020. Este observatorio tiene como objetivo reunir a productores, universidades, ambientalistas, investigadores y municipios en un diálogo que debe culminar en la regulación definitiva de los agroquímicos en toda la provincia de Buenos Aires.
A pesar de la creación del OTA y la publicación de un informe en diciembre del mismo año sobre el uso y aplicación de agroquímicos, los avances han sido limitados. El Ministerio argumenta que se están llevando a cabo «diferentes adecuaciones» relacionadas con las recetas agronómicas que están en fase de prueba.
Los primeros días de diciembre se esperan con expectación, ya que se prevé que revelen el desenlace de este prolongado proceso. El Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, ha manifestado su intención de promover un esquema de «buenas prácticas» en el uso de agroquímicos, aunque la espera y la incertidumbre persisten en torno a la regulación pendiente.
