El Ministerio de Transporte bonaerense da 30 días a las empresas de colectivos para adaptarse al sistema de monitoreo con cámaras de seguridad en el AMBA.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires emitió la Resolución 194/23, estableciendo un plazo de 30 días hábiles para que las empresas de colectivos se den de alta en el sistema de monitoreo que requiere la instalación de cámaras de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida se lleva a cabo como respuesta al preocupante asesinato de Daniel Barrientos, que resultó en una agresión a Sergio Berni.
En abril de este año, el gobierno bonaerense se reunió con representantes de las empresas de colectivos y del sindicato de choferes para abordar la problemática de seguridad en el transporte público. En ese momento, se propuso la instalación de cámaras de seguridad en todas las unidades que circulan por el conurbano, junto con el funcionamiento de un sistema de monitoreo con tecnología 4G. Ahora, la cartera liderada por Jorge D’Onofrio busca acelerar el proceso otorgando hasta los primeros días de septiembre para que las compañías se adapten a las nuevas normas.
La Resolución establece que, desde el 1° de febrero de 2024, los colectivos que no cuenten con las cámaras de seguridad requeridas no pasarán la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Aquellas unidades que tengan cámaras instaladas pero presenten defectos o ausencia en la convergencia de las señales de monitoreo pasarán la VTV de manera condicional, teniendo 60 días para corregir la situación.
A partir del 1° de febrero de 2024, todos los vehículos que ingresen al sistema provincial de transporte urbano e interurbano de media distancia deberán contar con cámaras y sistema de monitoreo correspondiente. Aquellos que no cumplan con este requisito no serán habilitados por las autoridades ministeriales.
La instalación de cámaras de seguridad en colectivos se había establecido como obligatoria en la Ley provincial de 14.897, sancionada en 2017, aunque nunca se había avanzado en su implementación. Tras el crimen de Barrientos a principios de abril, se retomó la iniciativa para abordar los crecientes hechos de inseguridad en el transporte público de pasajeros, tal como se reconoció en la propia Resolución. Con estas medidas, se busca mejorar la seguridad en el transporte y brindar mayor tranquilidad a los usuarios.
