Milei disuelve el IOSFA por decreto: adiós a la obra social unificada de las Fuerzas Armadas y nace una era de especialización
En un movimiento que sacude el esquema de salud de los uniformados, el Gobierno de Javier Milei ha oficializado la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que divide el organismo en dos entidades nuevas y autárquicas, responde a un colapso financiero crónico que dejó deudas por 200.000 millones de pesos y déficits mensuales de 10.000 millones, dejando a unos 600.000 afiliados sin prestaciones esenciales en 2025.
La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti, y se enfocará en el personal militar en actividad, retirados y pensionados, junto a sus familias primarias. Su directorio incluirá representantes de cada fuerza armada, con la obligación de cubrir al menos el Programa Médico Obligatorio y destinar no menos del 80% de recursos a salud, limitando gastos administrativos al 8%. En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad, atenderá a Gendarmería y Prefectura Naval, con posibilidad de sumar otras fuerzas, y un directorio designado por la cartera.
El IOSFA, creado hace más de una década por fusión de obras sociales militares durante el kirchnerismo, acumuló problemas por la heterogeneidad de afiliados, dispersión territorial y un salto inflacionario del 320% en medicamentos en 2023, que superó los aumentos salariales en 85 puntos. Figuras como Patricia Bullrich y Luis Petri ya anticipaban en 2025 la separación, culpando deudas por aportes patronales mal liquidados –estimadas en 150.000 millones– y un «engendro» que ninguneaba a las Fuerzas Armadas, según Presti. Afiliados denunciaron suspensiones de atención pese a descuentos en haberes, con casos extremos como suicidios vinculados a deudas médicas.
La transición ordenada incluye transferencia de activos, personal y obligaciones, con liquidación a cargo de un administrador del Ministerio de Defensa, y el Ejecutivo asumiendo la cancelación de pasivos con prestadores vía Tesoro o Economía. Críticas opositoras, como las de Agustín Rossi y Lourdes Arrieta, cuestionan si resuelve el déficit heredado o agrava la crisis, mientras sindicales como ATE alertaban deudas por sobre 160.000 millones en 2025. Presti, por su parte, apunta al Congreso para recomposiciones salariales que beneficien a 90.000 personas.
Esta fragmentación busca eficiencia y especialización, pero genera desafíos logísticos para evitar interrupciones en la atención a miles de familias en todo el país. En el contexto de ajuste mileísta, el Gobierno insiste en que estabilizará el sistema, aunque persisten dudas sobre el financiamiento de las nuevas obras y el impacto en un sector ya tensionado por recortes. La pelota está ahora en la cancha de Defensa y Seguridad para que las promesas no queden en papel mojado.
