La provincia de Buenos Aires declara la guerra total a las apuestas online ilegales
En un movimiento que sacude el conurbano y las pampas, el gobierno bonaerense, liderado por el gobernador Axel Kicillof, anunció una cruzada implacable contra las plataformas de juego virtual que operan al margen de la ley. «No les vamos a dar descanso», prometieron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), con operativos masivos que ya bloquearon decenas de sitios y multaron a operadores clandestinos. Esta ofensiva llega en un momento clave, cuando la ludopatía digital azota especialmente a jóvenes y adolescentes, convertidos en presa fácil de apps y redes sociales que prometen fortunas rápidas.
El epicentro de la batalla está en la falta de una ley nacional unificada, un vacío que deja a las provincias como trincheras solitarias contra el avance del juego ilegal. En Buenos Aires, las autoridades detectaron un boom de sitios no regulados que lavan dinero, evaden impuestos y enganchan a menores falseando edades con perfiles truchos. La Resolución 446/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio obliga ahora a toda publicidad de apuestas a incluir leyendas como «El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud» y el cartel «+18», extendiendo el radar a influencers y streamers que promocionan bonos de bienvenida en Instagram o Twitch. Pero el hueso duro es el bloqueo técnico de dominios y pagos electrónicos, con denuncias abiertas para cortar el flujo de dinero desde billeteras virtuales.
Mientras tanto, en el Congreso nacional, el proyecto de ley que busca blindar el país contra esta plaga tambalea como un apostador en rachas malas. Aprobado en Diputados en noviembre de 2024 con 139 votos a favor, duerme en el Senado pese a reuniones en octubre de 2025. La iniciativa impone verificación biométrica vía Renaper para vetar a menores, prohíbe tarjetas de crédito en apuestas y crea un Registro Nacional de Autoexclusión. La Iglesia, con el Cardenal Rossi a la cabeza, y la Conferencia Episcopal presionan por su sanción, alertando sobre la ciberludopatía que multiplica casos de adicción entre jóvenes de 12 a 18 años. Sin embargo, gobernadores de todos los colores y la AFA expresan que invade competencias provinciales y afectaría el fútbol, dependiente de sponsors como esas casas de apuestas.
Los números son impactantes: en Argentina, 17 provincias regulan por su cuenta, pero los sitios ilegales inundan redes con promesas de multiplicar el dinero en un click, fomentando ludopatía que genera deudas, depresión y hasta delitos. En Córdoba, un debate nocturno salvó una ley laxa a las tres de la mañana; en Buenos Aires, no hay tregua. ARCA actualizó impuestos con la Resolución 5791/2025 para fiscalizar lo legal, pero el Senado discute el S-1116/2025 para prohibir publicidad total, patrocinios en camisetas y hasta cajeros cerca de bingos. Expertos coinciden: sin un marco nacional, el juego ilegal se fortalece, mientras la sociedad paga el precio con familias destrozadas.
Esta cruzada bonaerense no es solo operativos y multas de hasta un millón de pesos; es un grito de alerta para un país donde el 65% de los chicos navega expuestos a publicidades agresivas. La Pastoral Social y organizaciones advierten que la pandemia aceleró la masificación, con influencers como carnada principal. Si el Senado no actúa, provincias como Buenos Aires seguirán en la primera línea, pero ¿cuánto resisten solas? La pelota está en manos de los legisladores: regular o dejar que el vicio online devore a una generación entera.
