El Gobierno rechazó los reclamos contra la desregulación de la VTV: solo queda la vía judicial
El Gobierno nacional desestimó formalmente los reclamos administrativos presentados contra la flexibilización del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), cerrando la instancia administrativa e inhabilitando cualquier otra gestión por esta vía. La decisión se materializó a través del Decreto Presidencial 139/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que rechazó por «impropio» el planteo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai) y todas las presentaciones de adhesión de personas físicas y empresas del sector.
Con la publicación del decreto, queda agotada la vía administrativa y se habilita la instancia judicial para que el sector afectado continúe su lucha legal contra las modificaciones. El reclamo estaba dirigido contra el Decreto 196/25, mediante el cual la administración de Javier Milei introdujo cambios significativos en el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), especialmente en los artículos 12 y 13 de la normativa de tránsito.
Entre los cambios más cuestionados se destacan la modificación en la periodicidad de las revisiones, el nuevo sistema de habilitación de talleres, la eliminación de la exclusividad de los operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos que sufrieron modificaciones. La nueva estructura establece una vigencia de cinco años para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Además, permite que concesionarias e importadores participen en el sistema de verificación.
Catrai argumentó que la ampliación de los plazos carecería de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial, además de afectar la imparcialidad del control al permitir que las concesionarias realicen las verificaciones. Sin embargo, los organismos técnicos intervinientes respaldaron las modificaciones: la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial fundamentaron los cambios en la evolución tecnológica del parque automotor, que actualmente presenta mayores estándares de seguridad y durabilidad.
Desde la administración nacional, el Gobierno rechazó todos los argumentos del sector empresario y ratificó la validez de las medidas introducidas, argumentando que la apertura del sistema permitirá aumentar la oferta de centros de verificación, reducir costos para los usuarios y mejorar la calidad del servicio. Aunque el camino administrativo se cerró, las empresas prestadoras del servicio aún cuentan con la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la normativa. Mientras tanto, las nuevas reglas continúan vigentes en todo el país, generando cambios importantes en la experiencia de los automovilistas, particularmente en la provincia de Buenos Aires.
