La Provincia de Buenos Aires acelera el proceso para completar su Suprema Corte antes de fin de año
La Provincia de Buenos Aires se apresta a cubrir cuatro vacantes clave en su Suprema Corte de Justicia, un desafío institucional que busca resolverse antes de diciembre de 2026, tras operar con solo tres miembros desde 2024, según lo establecido por la Constitución provincial.
Este año, el Poder Ejecutivo provincial impulsa un mecanismo político-institucional complejo para integrar los siete cargos previstos, sorteando requisitos constitucionales, acuerdos en el Senado bonaerense y demandas de paridad de género. La Corte ha funcionado de manera reducida, lo que ha generado tensiones en el ámbito judicial y demandas gremiales para una composición equilibrada.
El proceso inicia con la propuesta de candidatos por parte del gobernador, seguida de la publicación de sus antecedentes curriculares y declaraciones juradas patrimoniales, abriendo un período público de 15 a 30 días para adhesiones, impugnaciones o investigaciones por parte de la sociedad civil, ONGs e instituciones legales. Posteriormente, los candidatos deben recabar opiniones de referentes jurídicos, políticos y sociales, antes de que el Ejecutivo ratifique las postulaciones y envíe los pliegos al Senado provincial, que requiere dos tercios de los votos para su aprobación.
En paralelo, la provincia enfrenta un contexto de «danza de nombres» en la rosca política judicial, donde se articulan consensos entre fuerzas políticas para evitar bloqueos similares a los observados en otros distritos, como Santa Fe, donde la Corte renovó su presidencia para 2026 con figuras como Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, manteniendo criterios de rotación geográfica. Fuentes judiciales destacan que esta integración será un termómetro de la capacidad de diálogo en un año marcado por reformas constitucionales pendientes.
La urgencia por completar la Corte responde a la necesidad de fortalecer el Poder Judicial bonaerense, en un escenario donde vacantes prolongadas complican decisiones clave, similar a controversias nacionales como las designaciones por decreto del presidente Javier Milei en la Corte Suprema argentina, rechazadas por la oposición como inconstitucionales. En Buenos Aires, el foco está en un proceso transparente y participativo para garantizar legitimidad y operatividad plena antes del cierre del año.
