Las universidades públicas de todo el país se preparan para dar un nuevo paso clave en la disputa por su financiamiento: este miércoles 16 de septiembre, a las 14.30, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentará en una audiencia pública en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta de presupuesto 2027 para el sistema universitario argentino. La iniciativa, que ya fue consensuada y aprobada en el plenario de rectoras y rectores, busca instalar en el Parlamento el reclamo por recursos adecuados en un contexto de fuerte tensión con el Poder Ejecutivo por la actualización de partidas y el cumplimiento de las leyes de financiamiento.
La presentación estará encabezada por las máximas autoridades del CIN: el presidente Franco Bartolacci, el vicepresidente Anselmo Torres y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco, quienes serán los encargados de exponer ante diputadas y diputados los lineamientos centrales del proyecto de presupuesto universitario. No llegarán solos: los acompañará una nutrida delegación de rectoras y rectores de todo el país, junto con representantes de las organizaciones gremiales de estudiantes, docentes y nodocentes, en una puesta en escena que busca mostrar la unidad del sistema universitario frente al Congreso y el carácter federal del reclamo.
El proyecto que las universidades llevarán al Parlamento fue definido días atrás en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde el CIN aprobó por unanimidad su propuesta de presupuesto 2027. La cifra solicitada asciende a 11 billones de pesos, un monto que, según las autoridades universitarias, responde a la necesidad de recomponer salarios docentes y nodocentes, garantizar el funcionamiento básico de las instituciones, sostener programas de investigación y mantener políticas de becas y bienestar estudiantil. La planilla con el detalle de la solicitud ya fue enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, cumpliendo los plazos y requisitos formales del proceso presupuestario.
Detrás del número global de 11 billones de pesos hay un desglose que busca dar cuenta de las múltiples funciones que cumplen las universidades públicas. El presupuesto contempla gastos en personal docente y nodocente, incluyendo la recomposición salarial hasta julio de 2026; gastos de funcionamiento de las instituciones; programas vinculados a la investigación, hospitales universitarios y equipamiento técnico; y el financiamiento de becas Manuel Belgrano, aún atrasadas respecto de la inflación; además de iniciativas como el programa Fundar y otras partidas específicas para sostener la actividad académica y científica. Las autoridades del CIN remarcan que la propuesta se apoya en la Ley de Financiamiento Universitario y en la normativa de financiamiento para ciencia y técnica, y llaman a los legisladores a tomar el proyecto como base para consolidar una política de Estado en educación superior.
La audiencia pública en el Congreso se inscribe en una disputa más amplia: mientras las universidades reclaman 11 billones de pesos, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo otorga alrededor de 7,3 billones para el sistema universitario nacional, es decir, cerca de 4 billones menos que lo solicitado por el CIN. Voces del sistema académico advierten que, si no se cumple con los pisos de inversión fijados por la legislación vigente, en 2027 las universidades quedarán “muy lejos del presupuesto” que necesitan para funcionar con normalidad. Con ese telón de fondo, la estrategia del CIN apunta a hacer visible la brecha entre lo que el Ejecutivo propone y lo que el sistema considera indispensable y a colocar a los legisladores en el centro de la discusión sobre la sostenibilidad de la universidad pública. La audiencia, así, se presenta como un momento de definición: las universidades buscan que el Congreso escuche, tome nota y, finalmente, traduzca en números su defensa histórica de la educación superior estatal.
