El Gobierno nacional ha reavivado el debate sobre la hidrovía Paraná–Paraguay al relanzar la licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal, la autopista fluvial por la que se transporta más del 80% del comercio exterior argentino. La decisión busca encauzar un proceso que ha sufrido múltiples idas y venidas, con intensas discusiones técnicas y políticas. Además, ha habido una constante presión de los actores del complejo agroexportador en pos de un esquema estable, previsible y, sobre todo, competitivo en términos de costos logísticos.
La nueva convocatoria, gestionada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se enmarca en el modelo de concesión de obra pública por peaje, donde el sector privado asume la inversión y recupera los costos mediante el cobro directo a los usuarios. Este esquema de riesgo empresario no cuenta con respaldo del Estado ni impacto fiscal directo, lo que descarta la posibilidad de que el Tesoro deba intervenir en caso de problemas financieros del concesionario. El contrato incluye tareas de dragado, redragado, balizamiento, señalización y mantenimiento de la vía, desde la zona de Confluencia en el kilómetro 1.238 del río Paraná hasta las aguas profundas del Río de la Plata exterior, a la altura del canal Punta Indio.
Antes de oficializar la convocatoria, el Gobierno abrió una instancia de observaciones y ajustes a los pliegos, esencial para aliviar tensiones con el sector privado. Durante diez días, empresas especializadas en dragado, cámaras empresarias, usuarios de la hidrovía, asociaciones civiles y expertos presentaron unas 40 propuestas con sugerencias técnicas, ambientales y operativas. Este intercambio resultó en cambios significativos: reducción de la tarifa mínima de peaje, revisión del plan económico-financiero, modificaciones en la cláusula de estabilidad tributaria y mejoras en aspectos críticos como batimetrías, renovación de boyas, parámetros de dragado y diseño de buques, todos aspectos que impactan directamente en la seguridad y eficiencia de la navegación.
El telón de fondo de esta nueva licitación es la transición desde el modelo que prevaleció en la hidrovía desde los años ’90, cuando el dragado y balizamiento estaban a cargo de Hidrovía S.A., hasta la gestión estatal que asumió en 2021. Desde el 11 de septiembre de ese año, la Administración General de Puertos se responsabilizó de la Vía Navegable Troncal, recaudando el peaje y subcontratando las tareas de dragado y balizamiento. Esto ocurrió incluso en un contexto de bajante histórica del Paraná que desafió la operativa. Esta etapa, reconocida tanto por el oficialismo como por el sector, actuó como un «posgrado» de gestión: permitió acumular información, ajustar trazas, mejorar controles hidrométricos y demostrar que el Estado podía asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones ni incidentes de relevancia.
Con el nuevo llamado, la Casa Rosada busca cerrar ese capítulo transitorio y establecer una concesión a largo plazo que combine inversión privada, reglas claras y supervisión estatal. El objetivo político y económico es claro: modernizar una infraestructura considerada estratégica para la competitividad argentina, reducir los costos logísticos de las exportaciones, otorgar previsibilidad a las provincias ribereñas y, simultáneamente, demostrar que uno de los contratos más delicados del país se define bajo un marco de transparencia, competencia y participación de todos los actores involucrados. Si el cronograma se cumple y la adjudicación se concreta dentro de los plazos previstos, esta segunda oportunidad para la Vía Navegable Troncal podría finiquitar una prolongada discusión sobre quién, cómo y bajo qué condiciones administra la principal vía de salida de la producción nacional al mundo.
