Diputados impulsan la eliminación de un impuesto clave para reactivar la economía argentina
Buenos Aires, 8 de mayo de 2026 – En un movimiento destinado a aliviar la carga fiscal sobre los exportadores y mejorar la competitividad internacional de Argentina, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley para eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La iniciativa, liderada por legisladores afines al oficialismo, busca suprimir un impuesto clave que grava productos como soja, maíz y trigo, con el propósito de «liberar al sector productivo de trabas innecesarias» en medio de intensas negociaciones comerciales globales.
El proyecto se presenta en un momento crítico para la economía argentina, donde el presidente Javier Milei ha ratificado su compromiso con la desregulación y la reducción impositiva. De acuerdo con el texto presentado en la Cámara de Diputados, la eliminación de estas retenciones –que oscilan entre el 12% y el 15% dependiendo del producto– generaría un alivio inmediato de miles de millones de dólares para el campo, permitiendo a los productores reinvertir en tecnología y expansión. «Los impuestos son un robo, y estas retenciones son un freno al crecimiento», afirmó uno de los impulsores, recordando las frases emblemáticas del mandatario. La propuesta se inspira en experiencias previas, como el voto de Milei en 2023 a favor de bajar el impuesto a las ganancias, cuando apoyó una reforma del entonces opositor Sergio Massa al considerar que cualquier recorte tributario beneficia al contribuyente.
Este anuncio resuena con ecos del controvertido acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, firmado en 2019 pero aún pendiente de ratificación plena en varios países. Documentos como el informe de CLACSO de 2020 advierten que dichas retenciones están prohibidas por el pacto, que exige la eliminación de derechos de exportación para facilitar el intercambio. Críticos del acuerdo, como Luciana Ghiotto y Javier Echaide, argumentan que su implementación traería «emisiones, deforestación y abusos laborales» a cambio de mayor apertura a productos europeos como autos y químicos. Sin embargo, los defensores del proyecto ven en su aprobación una oportunidad para alinear a Argentina con tratados internacionales, atrayendo inversiones y diversificando mercados ante la volatilidad de China, principal destino de la soja.
La iniciativa no está exenta de controversias. Opositores, especialmente desde sectores proteccionistas y ambientalistas, advierten sobre la pérdida de ingresos fiscales –estimados en unos 5.000 millones de dólares anuales– que podrían agravar el déficit público. Países como Francia e Irlanda han bloqueado la ratificación del UE-Mercosur por preocupaciones sobre la Amazonia, y en Argentina, el nuevo gobierno de Milei enfrenta presiones similares de movimientos sociales. «Eliminar retenciones sin un plan de sustitución fiscal es una camisa de fuerza para políticas soberanas», señaló un referente de la oposición, recordando cómo el acuerdo UE-Mercosur limita medidas como licencias no automáticas o «compre nacional».
El proyecto ya ingresa a comisiones en Diputados, donde se espera un debate acalorado antes de junio, fecha clave para revisiones técnicas del acuerdo Mercosur-UE. Si prospera, podría marcar un hito en la agenda liberal de Milei, posicionando a Argentina como un centro exportador en un mundo post-pandemia y con metas de neutralidad de carbono en el horizonte. Analistas anticipan que su aprobación impulsaría el PBI agropecuario en un 2-3% anual, pero dependerá del consenso político en un Congreso fragmentado. La decisión final está ahora en manos de los legisladores.
