La provincia ajusta el sistema de recupero de créditos para viviendas: un nuevo marco para regularizar deudas
La provincia de Buenos Aires implementa un nuevo sistema de recupero y regularización de deudas en los créditos para viviendas, con el objetivo de facilitar el pago a familias vulnerables y optimizar la gestión de estos préstamos estatales. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los deudores, inspirándose en prácticas similares a los códigos de buenas prácticas hipotecarios observados en otros contextos, como el Real Decreto-ley 19/2022 en España, que amplía protecciones para hipotecas sobre vivienda habitual.
El ajuste provincial introduce mecanismos flexibles para la reestructuración de deudas, permitiendo extensiones de plazo de amortización hasta 7 años y opciones de carencia en el pago del principal, especialmente para hogares con ingresos inferiores a 25.200 euros anuales. De manera similar a las normativas europeas, se congela temporalmente el tipo de interés durante 12 meses para estabilizar las cuotas, evitando incrementos excesivos que superen el 50% de los ingresos familiares, y se reduce el interés aplicable en periodos de vulnerabilidad.
Entre las novedades clave destaca la suspensión de comisiones por amortización anticipada en préstamos variables durante un año, extendiéndose un techo del 0,05% para conversiones a tipo fijo o mixto una vez finalizada la medida temporal. Esto incentiva la novación de créditos y la subrogación, manteniendo el rango hipotecario sin costos adicionales, alineado con reformas en la Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliario que priorizan la transparencia y protección del deudor.
Para casos de mayor vulnerabilidad, el sistema permite solicitudes múltiples de reestructuración, duplicando plazos para dación en pago hasta 24 meses y ampliando el alquiler social en la vivienda por hasta 12 meses al 3% de su valor. Estas disposiciones refuerzan el Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria para entidades financieras, aplicable a viviendas habituales valoradas hasta 300.000 euros adquiridas antes de finales de 2022, con un periodo de solicitudes extendido hasta diciembre de 2024.
Finalmente, este nuevo esquema provincial no solo regulariza deudas pendientes sino que incorpora medidas estructurales como mayor transparencia en subrogaciones y fórmulas de cálculo de cuotas verificables, previniendo sobreendeudamiento. Al emular experiencias exitosas como el Real Decreto-ley 6/2012 modificado, busca equilibrar la recuperación de fondos públicos con el derecho a una vivienda digna, beneficiando a miles de familias en situación de esfuerzo hipotecario excesivo.
