Las universidades públicas argentinas presentarán esta semana en el Congreso de la Nación su proyecto de presupuesto 2027, en el marco de una audiencia pública convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa busca poner en blanco y negro las necesidades financieras del sistema universitario y contrastarlas con el proyecto oficial enviado por el Poder Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión por el financiamiento de la educación superior. El pedido del CIN asciende a 11 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país, una cifra que abre un nuevo capítulo en la disputa por los recursos y el modelo de universidad que se pretende sostener en los próximos años.
Según lo informado por el propio CIN, la presentación se realizará en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el miércoles 16 de septiembre a las 14.30. La exposición estará a cargo del presidente del organismo, Franco Bartolacci, el vicepresidente Anselmo Torres y las y los responsables de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco, quienes tomarán la palabra para detallar la arquitectura del pedido presupuestario y los criterios técnicos que lo sustentan. La conducción del sistema universitario llegará acompañada por rectoras y rectores de todo el país, además de representantes de gremios docentes, nodocentes y organizaciones estudiantiles, en un gesto político que apunta a mostrar un frente unido frente a los legisladores nacionales.
El proyecto que se debatirá en el Congreso no surge de la nada: fue aprobado días atrás en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Allí, las 60 universidades nacionales y provinciales consensuaron un cálculo de 11 billones de pesos para 2027, que ya fue remitido a la Subsecretaría de Políticas Universitarias como establece el circuito institucional. Ese monto contempla principalmente gastos de personal docente y nodocente, con recomposición salarial a julio de 2026, gastos de funcionamiento, programas vinculados a la investigación, hospitales universitarios, equipamiento, así como el financiamiento de becas estratégicas como Manuel Belgrano y programas específicos como Fundar. En paralelo, la comisión económica del CIN elevó además un pedido adicional de 7,086 billones de pesos para becas Progresar, infraestructura universitaria y ciencia y técnica, siguiendo la meta de alcanzar el 0,52% del PBI en inversión.
La audiencia pública permitirá visualizar en el Parlamento la distancia entre el presupuesto que las universidades consideran indispensable y el que proyecta el Gobierno nacional. Mientras el CIN reclama 11 billones de pesos para el sistema universitario, el proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Ejecutivo fija una partida global de alrededor de 7,3 billones de pesos para universidades. Según advirtieron distintas autoridades, eso dejaría a las casas de estudio «4 billones abajo» respecto de sus necesidades, con impacto directo en salarios, funcionamiento, infraestructura y programas de inclusión. La discusión se inscribe además en un debate más amplio sobre el financiamiento educativo y el compromiso del Estado con la educación superior pública, que ya tuvo episodios previos de conflicto, como el veto presidencial a un esquema de financiamiento universitario acordado en 2023.
En este escenario, la estrategia del CIN apunta a combinar el rigor técnico de sus proyecciones con una fuerte presencia política en el Congreso. La invitación cursada abarca a diputadas y diputados de todas las bancadas, así como a senadores, con la intención de transformar la audiencia en un espacio de debate plural sobre el futuro de las universidades públicas. Las autoridades universitarias insisten en que el presupuesto solicitado no es un mero listado de partidas, sino la condición mínima para sostener la gratuidad, la calidad académica, la investigación científica, la extensión y las políticas de bienestar estudiantil que permiten el acceso y permanencia de sectores populares. La discusión que se abre en el Parlamento, advierten, no se limita a una cifra: pone en cuestión qué modelo de país se quiere construir y cuál será el rol de las universidades en esa hoja de ruta.
