Lo que nació como una herramienta para transparentar lo que comemos —la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, popularmente conocida como Ley de Etiquetado Frontal— se encuentra hoy en la mira de un proceso de desregulación que busca desandar lo andado. En el programa “Todo no se puede” de LA CIELO FM 103.5, se entrevistó a Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, quién de manera crítica defiende la ley que el oficialismo Nacional busca derogar.
Para la especialista, la ley que se aprobó casi por unanimidad en el año 2020 es “un paquete de regulaciones que están contenidas en esta ley, que protege a la población en general y busca atender una de las principales problemáticas de salud pública que están vinculadas a las enfermedades no transmisibles”.
La urgencia de la ley se explica en la góndola. Según Graciano, las decisiones de compra se toman en apenas “6 segundos”. Antes de la norma, el consumidor estaba a merced de una letra pequeña e indescifrable, “solamente el 13 por ciento de la población lee y comprende la información nutricional de los envases, esa información es general la gente no la lee y la que la lee no la entiende”.
Frente a esto, los sellos negros funcionan como una señal de advertencia inmediata. “Tener estos sellos lo que permite es rápidamente poder identificar en una góndola cuáles son las peores opciones”, explica la nutricionista, subrayando que “la ley no prohíbe nada la ley lo que garantiza es el derecho a la información”.
La resistencia de la industria alimentaria no se hizo esperar, motivada por el impacto en sus márgenes de ganancia. Graciano es tajante al identificar el conflicto, “muchos productos que comprábamos creyendo que eran opciones saludables y nutritivas nos damos cuenta de que la industria nos engañaba porque en realidad no lo eran”. Cita ejemplos cotidianos como yogures, turrones y barritas de cereales que, bajo una apariencia saludable, esconden excesos de azúcar equivalentes a una gaseosa.
La industria utiliza estrategias visuales para mantener esa percepción. “La industria nos quiere seguir engañando o sea quiere seguir haciéndonos creer que algunas cosas son saludables porque están en un envase de color verde porque tienen una referencia a que aportan ciertos nutrientes”.
Uno de los pilares más sensibles de la ley es la protección de los menores. Graciano destaca que si un producto tiene al menos un sello, “no te puede ofrecer ni comercializar en las escuelas de nivel inicial primario y secundario”. Además, la ley limita el uso de “ganchos” comerciales como personajes infantiles, celebridades o premios.
“Los niños niñas adolescentes son una víctima fácil de ciertas estrategias que despliega la industria”, advierte Graciano, mencionando desde el uso de deportistas durante el mundial hasta la “sorpresa adentro del huevito” que condiciona la elección del niño.
Frente a los argumentos del Gobierno que sugieren que el etiquetado deteriora la competitividad de las pymes frente a la región, Graciano califica esto como una “falacia argumentativa”. Explica que la industria siempre debe adaptarse a las normas de los países a los que exporta y que la evidencia internacional, como en el caso de Chile, demuestra que la ley no destruye puestos de trabajo ni reduce las ventas totales, sino que las transforma.
Para la experta, Argentina es hoy un modelo: “Somos una referencia a nivel mundial en términos de avances regulatorios para proteger la salud de la población… Argentina tiene una ley modelo porque toda América Latina es pionera”. La discusión, entonces, trasciende lo comercial; se trata de decidir si el derecho a saber qué comemos sigue siendo una prioridad nacional.
