El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha iniciado una investigación formal sobre Mercado Libre por la posible inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. Se advirtió que la compañía podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones si no modifica las condiciones observadas.
La investigación se inició de oficio por parte del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, mediante la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, tras un análisis de los contratos publicados en el sitio oficial de la empresa. Técnicos del área revisaron las condiciones generales de uso del llamado “ecosistema MELI”, así como los términos y condiciones de los préstamos personales y de los créditos para compras y pagos ofrecidos a través de Mercado Pago. De esa fiscalización surgieron más de diez cláusulas que, según la autoridad de aplicación, podrían infringir la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria.
De acuerdo con la imputación, las cláusulas cuestionadas generarían un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los usuarios, lo que se encuadra en los supuestos de abusividad previstos por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entre los puntos más sensibles se mencionan: cobros de tarifas con montos indeterminados, aceptación tácita de modificaciones contractuales sin notificación explícita al usuario, traslado de responsabilidad al titular por uso no autorizado de la cuenta, compensación entre cuentas sin consentimiento informado, y una cláusula de indemnidad que favorecería al proveedor frente a eventuales reclamos. También se observaron disposiciones que exoneran a la empresa por fallas técnicas, habilitan débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, prevén la caducidad automática de plazos por incumplimientos futuros indeterminados, establecen exenciones de responsabilidad de manera anticipada y fijan jurisdicción exclusiva en términos desfavorables para el consumidor al momento de litigar.
La provincia sostuvo que el caso se inscribe entre las investigaciones de mayor envergadura que lleva adelante la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores en 2026, teniendo en cuenta además que Mercado Libre figura entre las empresas con más reclamos de usuarios en el territorio bonaerense. El expediente no se originó en denuncias individuales, sino en una revisión directa de los documentos contractuales elaborados por la propia compañía, lo que para el gobierno provincial refuerza la idea de un esquema de condiciones generales que, en su estado actual, podría afectar de manera sistemática a quienes utilizan la plataforma para comprar, vender o financiar consumos.
Tras la imputación, Mercado Libre dispone de un plazo de cinco días hábiles, improrrogables, para presentar por escrito su descargo, acreditar personería y fijar domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata. La firma también tiene la opción de elevar una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas; si esa propuesta fuera aceptada por la autoridad de aplicación, el expediente se daría por concluido. En caso contrario —si la empresa no responde en tiempo y forma, o si su planteo es considerado insuficiente— la Provincia podrá aplicar una multa administrativa que podría alcanzar hasta los $1.815.000.000, uno de los montos más altos previstos por el régimen sancionatorio vigente en materia de defensa del consumidor.
