Celulares en las escuelas: la Legislatura bonaerense avanza y crece la tensión con Kicillof
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva normativa para limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con pantalla en las escuelas secundarias. La iniciativa amplía una regulación previa destinada a los niveles inicial y primario, y vuelve a instalar el debate sobre el impacto de la tecnología en las aulas.
El proyecto establece que los celulares no podrán utilizarse durante el proceso de enseñanza, salvo en aquellas situaciones en las que exista una autorización expresa de los docentes o de las autoridades escolares. También contempla excepciones vinculadas con actividades pedagógicas, emergencias o necesidades específicas de los estudiantes.
La nueva ley incorpora, además, el concepto de “uso responsable” de las pantallas. Esto implica que los dispositivos deberán permanecer guardados y sin utilizar durante la jornada educativa, a menos que sean requeridos para una actividad escolar o que exista una razón debidamente justificada. La intención es reducir las distracciones y favorecer la concentración de los alumnos.
La aprobación de la norma se produjo en medio de una creciente discusión política dentro del oficialismo bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof mantiene una postura crítica frente a las prohibiciones generales y sostiene que las escuelas deben contar con criterios adecuados para regular el uso de la tecnología según cada contexto institucional.
La controversia ya había quedado expuesta a partir de una ley anterior, aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias. Aunque la norma fue sancionada, su implementación quedó demorada y todavía no se aplicó de manera generalizada en los establecimientos educativos de la provincia.
El senador Emmanuel González Santalla, integrante de La Cámpora y uno de los impulsores de esa legislación, reclamó públicamente al gobernador y a la responsable del área educativa que avancen con su puesta en marcha. El legislador argumentó que la ley establece reglas claras para promover un uso seguro y responsable de las pantallas durante la jornada escolar.
Desde el Ejecutivo provincial, en cambio, se sostiene que el abordaje del problema no debe limitarse a una prohibición. La posición oficial prioriza el acompañamiento de las comunidades educativas, la elaboración de acuerdos institucionales y el aprovechamiento de los dispositivos cuando puedan contribuir al aprendizaje.
La sanción de la nueva normativa para el nivel secundario vuelve a poner el foco en la demora del Gobierno bonaerense para reglamentar y aplicar las leyes vinculadas con el uso de celulares. Mientras la Legislatura busca establecer límites comunes para todo el sistema educativo, el Ejecutivo insiste en que las decisiones deben contemplar las particularidades de cada escuela.
