La provincia de Buenos Aires ha lanzado un plan extraordinario de recuperación de deudas con el propósito de cobrar hasta 150 mil millones de pesos que las obras sociales deben al sistema público de salud. Este esfuerzo busca fortalecer financieramente a los hospitales bonaerenses en un contexto de tensión presupuestaria y disminución de transferencias nacionales, además de organizar una relación que lleva años de acumulación de facturas sin resolver. La estrategia emplea incentivos para estar al día, con la posibilidad de optar, en última instancia, por acciones judiciales contra las entidades deudoras.
El núcleo de la estrategia es un régimen especial de regularización para las obras sociales nacionales bajo la Ley 23.660, que derivan pacientes al sistema público provincial pero no pagan a tiempo las prestaciones del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). Bajo este esquema, la provincia ofrece una ventana limitada de aproximadamente 45 días desde la publicación en el Boletín Oficial para que las entidades se adhieran y reconozcan de manera expresa, irrevocable e incondicional la deuda acumulada por atenciones en hospitales y otros establecimientos públicos bonaerenses hasta 60 días antes de la entrada en vigencia del programa. Se excluyen, explícitamente, las obligaciones que ya estén en proceso judicial o de ejecución por parte de la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales del Ministerio de Economía.
Para atraer a las obras sociales, el plan presenta condiciones de pago flexibles. Se ofrecen tres modalidades: un pago único para quienes puedan cancelar de contado; planes de hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación; y una tercera opción de hasta 24 cuotas, con una tasa baja de financiación, en el orden del 4% anual sobre saldos, que también exige que al menos el 70% de la deuda reconocida se pague en los primeros 12 meses. Mientras el acuerdo esté vigente y se cumpla puntualmente, se suspende el devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros adicionales financieros, representando un alivio significativo sobre deudas que, en muchos casos, han acumulado penalidades por años.
El diseño del plan también incluye mecanismos de sanción para quienes no cumplan. Los planes de cuotas caducan automáticamente cuando se acumulan tres cuotas impagas, sean consecutivas o alternadas, una vez transcurridos 45 días desde el vencimiento de la última. En tal escenario, la obra social pierde todos los beneficios del régimen especial, y la Provincia puede iniciar un juicio de apremio por el total de la deuda reconocida al momento de la adhesión. Es decir, el acuerdo actúa como una “última oportunidad” para regularizar en condiciones favorables; si se desaprovecha, el conflicto se traslada al terreno judicial, con riesgo de embargos y ejecuciones que pueden afectar la operativa cotidiana de las entidades.
Detrás de este movimiento se encuentra una lógica política y económica más amplia. El gobierno bonaerense ha estado denunciando un fuerte desfinanciamiento del sistema de salud debido a los recortes nacionales y la disolución o vaciamiento de estructuras de regulación y recuperación de costos, como ocurrió con el sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada y con la antigua Superintendencia de Servicios de Salud a nivel federal. En este marco, la deuda de las obras sociales con el SAMO se ha vuelto una cuestión clave: ya no es solo un problema administrativo, sino de recursos imprescindibles para sostener guardias, insumos, equipamiento y salarios. La Provincia ha anticipado, además, que una parte de lo recuperado se destinará a fondos de estímulo para el personal de salud y al fortalecimiento operativo de los hospitales, reforzando la idea de que cada peso que ingresa por este concepto regresa a la atención de los pacientes.
Con este plan, la administración de Axel Kicillof se suma a una tendencia que ya se observa en otras jurisdicciones, como Mendoza, Salta o Río Negro, donde se han creado entes específicos y programas excepcionales para regularizar deudas históricas de obras sociales y prepagas con el sector público, mediante tasas reducidas, sustitución de intereses usurarios y esquemas de cuotas más accesibles. En Buenos Aires, la apuesta es que el volumen en juego —hasta 150 mil millones de pesos— permita aliviar la crisis financiera de los hospitales y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político: el Estado provincial está dispuesto a ofrecer facilidades, pero también a utilizar todas las herramientas administrativas y judiciales disponibles para que las obras sociales paguen por las prestaciones que sus afiliados reciben en el sistema público.
